Han pasado 18 meses desde la declaración de emergencia en Colombia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, inició así una carrera por la protección de la ciudadanía en el alcance del nuevo virus, la priorización en la prevención y control de la pandemia dió lugar a una crisis sanitaria, provocando la desatención de los ciudadanos en el acceso a otras necesidades de salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la situación de vulnerabilidad en el acceso a los servicios de salud durante la pandemia del COVID-19, se daba mayormente en personas que padecen enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes (por mencionar algunas), fueron estas, irónicamente, quienes tenían más riesgo de contraer efectos graves con el coronavirus.

Una de las principales razones asociadas al acceso limitado del servicio fue la reasignación del personal sanitario a servicios de atención de la pandemia y modificación de servicios por modalidad de teleconsulta, lo que evidenció que Empresas Prestadoras de Salud (EPS), no tenían capacidad instalada inmediata en medios virtuales de atención, ni hablar del usuario que no estaba familiarizado con estos mecanismos de acceso o se desplazaba de zonas rurales a urbanas para sus citas de control médico. Todo esto conllevó a múltiples denuncias, pues para la OPS y entidades de control de los ciudadanos como La Personería de Bogotá, se estaba mitigando el riesgo de COVID-19 ignorando el aumento del riesgo de mortalidad por Enfermedades No Transmisibles (ENT). La Defensoría del Pueblo en mayo de 2020 ya advertía “De ninguna manera la atención de la pandemia se puede convertir en una excusa para el incumplimiento con las obligaciones que tienen las EPS”, advirtió el defensor Walter Gutiérrez Camacho.

Personas con vulnerabilidades socioeconómicas pueden acceder a servicios de salud a través del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social y de Salud (SGSSS), aunado a esto el recién existente Decreto 064 del año 2020 que ofrece aún más facilidades para la afiliación bajo dicho régimen, empezaba a ejecutarse a la par de la declaración de la emergencia sanitaria, sin embargo, según la Personería de Bogotá, en algunas EPS como en el caso de Capital Salud, quien se encarga en su mayoría de cubrir los servicios del régimen subsidiado en la ciudad; se evidenciaron constantes barreras en la atención y entrega de medicamentos a pacientes con ENT. Pacientes mayores de 70 años eran condenados a largas filas y procesos, sin acatar la directriz de entrega de medicamentos a domicilio, el 60% de las quejas enviadas a la Personería por la demora y negligencia en la entrega de medicamentos correspondieron a personas adultas mayores de 60 años.

Recabar información frente a las barreras sistemáticas del acceso y promoción de la salud durante la pandemia demuestra que la COVID-19 trajo consigo el incremento de situaciones independientes del contagio del virus, entre estos:

• Aumento de muertes maternas tempranas.
• Incremento de factores de riesgo de cuadros clínicos de ansiedad, depresión y suicidio.
• Aumento de casos de violencia intrafamiliar basada en género.
• Precarización de condiciones de vida asociadas al empobrecimiento, habitabilidad en calle y desempleo.

En Colombia, la pandemia ha tenido a finales de este año 2021 importantes avances en el control y mitigación, en tal sentido, el MinSalud ha dedicado esfuerzos en la promoción de la vacunación.